El 20 de junio de 2025, tras una decisión clave del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, el expresidente Donald Trump evalúa la posibilidad de desplegar tropas federales adicionales en otras ciudades de Estados Unidos. El fallo permite a su administración mantener el control sobre unidades de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles, a pesar de la oposición expresa del gobernador de California, Gavin Newsom.

 

La decisión judicial se produjo en un contexto marcado por protestas crecientes contra las redadas migratorias y el endurecimiento de las políticas migratorias federales. El gobierno argumenta que el despliegue de la Guardia Nacional en California es parte de una estrategia nacional para preservar el orden público y garantizar la aplicación de la ley federal de inmigración.

 

Sin embargo, la posibilidad de replicar este modelo en otras ciudades ha encendido las alarmas entre líderes estatales, defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias. El gobernador Newsom declaró que la medida representa “una grave amenaza al equilibrio de poderes en nuestro sistema federal”, y añadió que “el presidente no está por encima de la ley”.

 

Críticos advierten que el uso ampliado de tropas federales podría interpretarse como un intento de intimidar a comunidades migrantes y suprimir la protesta legítima. También subrayan los riesgos de militarizar entornos civiles en lugar de buscar soluciones democráticas y comunitarias a las tensiones migratorias.

 

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado públicamente en qué ciudades se podría extender esta política, fuentes cercanas a la administración indicaron que ya se están evaluando zonas con altos niveles de manifestaciones y resistencia local a las políticas migratorias federales.

 

Este posible despliegue plantea un debate profundo sobre los límites del poder ejecutivo, el uso de la fuerza en democracia y el respeto a las competencias estatales. En plena campaña electoral, el tema vuelve a poner en el centro la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno federal en nombre de la seguridad nacional?