El 19 de junio de 2025, un juez federal en Rhode Island bloqueó temporalmente una política propuesta por la administración Trump que buscaba condicionar fondos federales de transporte a la colaboración estatal con las autoridades migratorias. Esta propuesta afectaba especialmente a los llamados "estados santuario", que han limitado su cooperación con ICE.

 

La decisión judicial sostiene que la medida podría violar el principio de federalismo consagrado en la Constitución de Estados Unidos, al presionar a los estados para seguir directrices federales en temas de competencia compartida. Varios gobernadores y organizaciones civiles celebraron el fallo como una victoria para la autonomía estatal.

 

Aunque el proceso legal sigue en curso, esta orden preliminar representa un freno a una de las políticas migratorias más controversiales de la administración Trump. También reaviva el debate sobre cómo deben equilibrarse los poderes federales y estatales en materia de inmigración, especialmente en años electorales.