El 20 de junio de 2025, un juez federal ordenó la liberación de Mahmoud Khalil, un activista pro-palestino detenido por ICE tras participar en manifestaciones pacíficas en un campus universitario. El juez determinó que el arresto podría haber sido motivado por sus opiniones políticas, lo que representaría una violación a su derecho constitucional a la libertad de expresión.

 

La decisión judicial fue celebrada por diversas organizaciones defensoras de derechos civiles, que desde el inicio del caso denunciaron un patrón de uso del sistema migratorio como herramienta para reprimir el activismo político. El Departamento de Seguridad Nacional no comentó el caso, aunque fuentes extraoficiales indicaron que podrían apelar la decisión.

 

El caso de Khalil reabre un viejo debate sobre la delgada línea entre políticas migratorias y represalias ideológicas. Diversos analistas sostienen que la administración Trump ha utilizado mecanismos legales migratorios para desalentar la protesta y el disenso político, algo que podría tener consecuencias jurídicas importantes en el futuro.